Juan Villanueva
26/02/2025
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El Consejo General de Enfermería ha publicado informe sobre la situación de las enfermeras en residencias en España. Alerta de un problema estructural con consecuencias directas sobre la salud y la dignidad de las personas mayores institucionalizadas. El estudio, elaborado por el Instituto Español de Investigación Enfermera, advierte de que las ratios actuales son “muy dispares y bajas” y ponen en riesgo la calidad de vida de los residentes.
En España residen en centros sociosanitarios 356.200 personas mayores, el 4,8% de la población de más de 65 años, según datos recogidos del estado de las enfermeras en residencias a partir de cifras del IMSERSO. Se trata, además, de un perfil especialmente vulnerable. La edad media es de 86 años, un 94,7% con discapacidad y alrededor del 70% mujeres, con alta prevalencia de dependencia severa y deterioro cognitivo.
Rosa Martínez, presidenta de la Seegg, también sitúa el foco sobre la importancia de potenciar el rol de la enfermera especialista: «Queremos apostar por esa enfermera que tenga su espacio reconocido y pueda atender a los mayores con esa necesidad que ellos tienen».
Además, reclamaba más recursos para completar el ciclo del día y de la semana: «Quiero tener a mi lado esa continuidad de enfermeras geriátricas con las que hacer el relevo y poder completar el cuidado al mayor a lo largo de las 24 horas del día, no solo del usuario sino de toda la familia».
El documento subraya que la complejidad clínica de estos residentes exige “la presencia continua de enfermeras”. La mayoría presenta multimorbilidad, demencia y necesidad de ayuda constante, lo que convierte la atención de enfermería en un pilar necesario del sistema.
Sin embargo, España parte de un déficit estructural. En 2024 había 312.114 enfermeras colegiadas con una ratio de 6,36 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media europea, que supera las ocho. El propio informe recuerda que faltan más de 100.000 profesionales para equipararse al entorno comunitario.
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La situación se agrava en el ámbito residencial. No existen datos oficiales consolidados sobre cuántas enfermeras trabajan en estos centros, aunque estimaciones sitúan la cifra en torno a 20.000 profesionales en todo el país. La falta de datos fiables es uno de los principales obstáculos para diseñar políticas eficaces, recuerdan las autoras.
Los indicadores disponibles apuntan a una cobertura claramente insuficiente. En Cantabria, por ejemplo, el 24,1% de las residencias no dispone de enfermeras en plantilla. El 77,5% carece de presencia enfermera en el turno de noche. A escala estatal, la media es de 109 residentes por cada enfermera, con comunidades como Madrid que alcanzan los 261 residentes por profesional.
Falta de personal
Las consecuencias no son meramente organizativas. El informe recoge evidencia científica que vincula la escasez de personal enfermero con más eventos adversos, mayor deterioro funcional y aumento del sufrimiento de los residentes. Durante la pandemia, la falta de enfermeras se asoció a una mayor mortalidad en residencias, una realidad que dejó al descubierto la fragilidad del modelo.
Además, el 75,2% de las enfermeras que trabajan en centros gerontológicos reconoce delegar funciones propias en personal no cualificado ante la ausencia de profesionales en todos los turnos . El informe alerta de que esta práctica puede derivar en intrusismo profesional y riesgo asistencial, especialmente en tareas como administración de medicación, curas, vacunación o detección precoz de complicaciones.
La precariedad laboral también pesa. El sistema español presenta una fuerte segmentación entre centros públicos y privados, con el 85,8% de las residencias gestionadas por entidades privadas y más de la mitad con ánimo de lucro. La evidencia señala que los modelos con menor dotación de personal cualificado registran peores resultados en salud y mayor desgaste profesional.
En este contexto, las autoras plantean dos grandes líneas de actuación. Primero, modificar el marco normativo para proteger la presencia obligatoria de enfermeras en los centros residenciales. Segundo, abordar los factores estructurales que explican la escasez de profesionales. Actualmente, la regulación no fija ratios mínimas estatales obligatorias.
Sin liderzago
El texto es especialmente crítico con la falta de liderazgo político. “El no exigir presencia enfermera en los centros residenciales por no ser atractivo indica incoherencia y falta de responsabilidad de los poderes públicos”, subrayan las investigadoras . Para el CGE, seguir presumiendo de Estado del bienestar sin garantizar cuidados a las personas dependientes resulta incompatible.
El debate sobre las enfermeras en residencias se enmarca, además, en la transición demográfica que vive España. Con un envejecimiento acelerado y mayor carga de cronicidad. El informe insiste en que no se trata de “medicalizar” las residencias, sino de asegurar una atención sanitaria básica y continuada acorde al perfil real de los residentes.
La pregunta es si el sistema está dispuesto a asumir el coste político y presupuestario de reforzar plantillas. De lo contrario, advierten las autoras, la calidad asistencial seguirá dependiendo del código postal y de la capacidad económica de cada centro, perpetuando una desigualdad que afecta a uno de los colectivos más vulnerables del país.