Juanele Villanueva
20/10/25
España sumará cinco nuevos espacios marinos a la Red Natura 2000, con los que el Gobierno pretende reforzar la conservación de la biodiversidad en el Mediterráneo y el Atlántico. La medida, publicada recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), eleva hasta los 1,7 millones de hectáreas la superficie marina protegida en nuestro país.
Sin embargo, esta ampliación llega en paralelo a recortes en los fondos destinados a la vigilancia ambiental. Esto despierta preocupación entre científicos y organizaciones ecologistas.
El listado de los cinco nuevos espacios marinos incluye áreas de alto valor ecológico, en Mallorca, Murcia, Málaga, Vizcaya y la costa catalana, como publicó Ecoticias.
Estas zonas albergan hábitats esenciales para cetáceos, aves marinas y especies en peligro, y refuerzan la conectividad de los ecosistemas oceánicos. El MITECO subraya que esta ampliación es un paso adelante hacia el compromiso de proteger el 30% de los ecosistemas en 2030.
Falta de presupuestos para los espacios portegidos
Aunque la noticia es positiva sobre el papel, la realidad sobre el terreno cuenta otra historia. En espacios ya protegidos, como las islas Columbretes, la vigilancia se ha reducido en un 40%. Debido a un cambio en el modelo de gestión y a una rebaja de contratos vinculados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación falta personal.
Según la investigación publicada por El País, los guardas denuncian que actualmente “no hay nadie pendiente del radar” en días clave, algo inédito desde la creación de la reserva en 1990. Más de 220 científicos han firmado una carta alertando del riesgo de que la protección “quede en papel mojado”.
El Ministerio asegura que no se trata de un recorte, sino de una transición hacia un modelo “más eficiente” basado en inspectores estatales y nuevas tecnologías de seguimiento satelital. Sin embargo, los técnicos que han trabajado sobre el terreno rechazan esta versión. Sin presencia humana diaria, afirman, no se puede evitar la pesca ilegal ni los daños que un solo arrastre puede provocar en pocas horas tras décadas de esfuerzo y dinero público.
La contradicción es evidente. El Gobierno presume del crecimiento de la Red Natura 2000 mientras reduce los medios que garantizan su protección real.
Con los cinco nuevos espacios marinos, España eleva el porcentaje de superficie oceanográfica bajo alguna figura ambiental, pero la falta de recursos amenaza con convertirlo en una estadística vacía. Los vigilantes de reservas como Columbretes o La Graciosa insisten: “sin ojos humanos, no hay protección efectiva”.
Organizaciones como SEO/BirdLife o WWF llevan años reclamando no solo más superficie protegida, sino más personal, más presupuesto, más control y más restauración ecológica. La propia UE ha advertido en varias ocasiones de que la Red Natura 2000 no se mide solo en hectáreas, sino en resultados. Y los resultados solo llegan con presupuesto estable, no con recortes.
La batalla climática y la defensa de la biodiversidad necesitan políticas coherentes. Proteger más territorio mientras se recorta financiación es como construir más hospitales recortando médicos, una ficción que solo aguanta en rueda de prensa.
España ha avanzado mucho en la última década en conservación marina, pero está a tiempo de decidir si quiere hacerlo de verdad o solo parecerlo.
El reto de los próximos años será cumplir lo que hoy se anuncia. No basta con crear mapas y firmar decretos: la vigilancia, la ciencia y la restauración requieren inversión continuada. La protección ambiental no es un gasto, es una infraestructura vital, tan básica como la sanidad o la educación. España tiene el conocimiento, la legislación y la capacidad técnica. Falta voluntad política para que los espacios protegidos dejen de ser un titular y se conviertan en garantía de futuro.