Juanele Villanueva
08/10/2025
Desde mediados de los noventa, las universidades privadas han crecido sin pausa mientras las públicas se mantienen casi estables. En 1995 había 10 privadas y 45 públicas. Tres décadas después, la cifra se ha igualado: 45 privadas frente a 50 públicas, según datos del Ministerio de Educación.
Esta transformación plantea una pregunta de fondo: ¿puede la universidad pública seguir garantizando la igualdad de oportunidades que le dio sentido? Detrás del aumento de centros privados se esconde un cambio en el modelo educativo que afecta a la cohesión social y territorial del país.
Durante los últimos veinte años, las universidades privadas se han multiplicado. En 2005 eran 22; en 2015, 33; y en 2025 ya alcanzan las 45. Mientras tanto, el número de universidades públicas permanece inalterado desde hace dos décadas. Esa estabilidad —casi inmovilidad— muestra un desequilibrio que va más allá de la mera competencia entre modelos.
Las universidades públicas siguen siendo mayoría, y su papel social es insustituible. Son las que garantizan el acceso universal, impulsan la investigación básica y mantienen la presencia académica en zonas donde el mercado no llega. Si el crecimiento privado se impone sin regulación, esa función pública corre el riesgo de diluirse.
El cambio también se percibe en las aulas. En el curso 2015-2016, había 178.475 estudiantes en universidades privadas frente a 1.143.000 en las públicas. Diez años después, las privadas alcanzan los 351.640 alumnos, mientras las públicas descienden ligeramente hasta 1.084.000.
Según datos de EpData y Newtral, las universidades privadas han incrementado el número matrículas un 56 % desde 2015, mientras las públicas han perdido un 6 %. Esa tendencia explica por qué el Gobierno ha decidido actuar.
La pública se defiende
El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de octubre el nuevo real decreto que eleva los criterios para crear universidades. La norma, impulsada por la ministra Diana Morant, fija requisitos más estrictos en docencia, investigación y solvencia económica. Entre ellos, un mínimo de 4.500 estudiantes en los seis primeros años, la obligación de destinar el 5 % del presupuesto a investigación y contar con la mitad del profesorado con título de doctor.
Además, las universidades deberán ofrecer al menos diez grados, seis másteres y tres doctorados en tres ramas distintas de conocimiento. También deberán garantizar plazas de alojamiento para el alumnado y demostrar independencia académica y financiera.
El objetivo, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es “asegurar la calidad del sistema y frenar la expansión descontrolada de centros con escaso compromiso académico”. En palabras de Morant, se trata de “poner la excelencia por encima del negocio”.
Sin embargo, no todos comparten esa visión. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ya ha anunciado que impugnará el decreto por considerar que “ataca la libertad educativa y la iniciativa privada”. El consejero de Universidades, Emilio Viciana, lo calificó de “esperpento normativo” y afirmó que el Gobierno “confunde calidad con control político”.
La pública frente a la privada a debate
El debate, por tanto, no es solo técnico, sino ideológico. De un lado, quienes defienden que el Estado debe velar por la equidad y la calidad del sistema. Del otro, quienes reivindican la libertad de empresa y de cátedra.
La realidad es que las universidades públicas operan con presupuestos ajustados, dependen de transferencias autonómicas y afrontan rigideces administrativas que lastran su competitividad. Las privadas, en cambio, gozan de más autonomía y agilidad para lanzar nuevos títulos o captar alumnado con mayores recursos.
El dilema entre libertad y equidad atraviesa toda la discusión. Pero sin un terreno de juego equilibrado, la libertad académica puede acabar siendo un privilegio. Si el acceso a la universidad depende del nivel de renta, el sistema deja de ser un motor de movilidad social y se convierte en un espejo de las desigualdades.
Defender la universidad pública frente a privada no significa rechazar la iniciativa privada, sino garantizar que la educación superior siga siendo un derecho, no un producto. Quienes apuestan por lo público recuerdan que su valor no se mide solo en números, sino en lo que representa: inclusión, conocimiento libre y progreso colectivo.
Las reformas impulsadas buscan precisamente ese equilibrio. Permitir que las universidades privadas prosperen, sí, pero bajo estándares que protejan la calidad y el interés común. La competencia puede ser sana si se traduce en innovación, no si alimenta la segregación educativa.
A medio plazo, la universidad pública necesita más que resistir: debe reinventarse. Invertir en profesorado, renovar instalaciones, impulsar la investigación y fortalecer las becas son medidas imprescindibles para mantener su función social.
Porque cuando la universidad pública se debilita, no solo se pierden alumnos: se pierde una herramienta de igualdad. Las estadísticas del Ministerio de Educación deben servir de alerta, no de epitafio. España está a tiempo de decidir si quiere un sistema universitario de élites o un espacio donde el origen no determine el futuro.