Organizaciones medioambientales como Transport & Environment que monitorean el impacto del transporte advierten de que “ceder ante la presión industrial supondría un paso atrás en los compromisos climáticos de la UE”.
Las automovilísticas justifican este frenazo en una combinación de factores económicos, tecnológicos y sociales. Por un lado, la infraestructura de recarga sigue siendo insuficiente: en países como España apenas hay un punto público por cada 15 coches eléctricos. Además, los costes de adquisición siguen siendo un 30 % más altos respecto a los coches de combustión, y los incentivos públicos son irregulares.
A ello se suma la incertidumbre económica que atraviesa Europa y el encarecimiento de la electricidad, factores que han enfriado las compras de particulares y reducido la confianza del mercado. Los fabricantes consideran que Bruselas ha presionado en exceso para acelerar una transición que aún no cuenta con el respaldo real de los consumidores ni con una red energética plenamente preparada.
Por esa razón, la industria reclama a la Comisión Europea mayor flexibilidad en las normas de emisiones. El reglamento CAFE, que fija los límites de CO₂ por kilómetro, ya ha sido suavizado: los topes pasarán de 115,1 a 93,6 g/km y las sanciones se aplazan hasta 2027. Para las marcas, esta prórroga es necesaria para mantener la competitividad frente a Asia y Estados Unidos.